Desde que la UE autorizó el cultivo, importación y consumo del MON 810 en 1998 (mediante la Directiva 2001/18/CE), los países han podido acogerse a la "cláusula de salvaguardia", un procedimiento que la ley reserva por el que un país puede alegar nuevos conocimientos científicos sobre riesgos medioambientales o sanitarios para "restringir o prohibir provisionalmente en su territorio el uso o la venta de dicho OMG".
Los países que se acogen a esta cláusula tienen que remitir los informes sobre los que basan su decisión a la Comisión Europea, que encarga a la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) los análisis y evaluaciones, y sería de acuerdo con éstos que la Comisión Europea podría obligar al país a levantar la prohibición.
Hasta ahora, la EFSA no ha encontrado suficiente base científica en ninguno de los informes; en la última ocasión, en febrero, tanto la EFSA como la agencia francesa se pronunciaron negativamente sobre los informes presentados por Francia, afirmando que no encontraban riesgo alguno medioambiental o sanitario en la producción del MON 810.
Los informes presentados por Alemania y Luxemburgo, publicados en 2008, aún no han sido transmitidos a la EFSA, afirmó ayer Josep Casacuberta, miembro del panel de transgénicos de la agencia: "Cuando se publica un nuevo artículo, la comunidad científica lo debate; ahora habrá que ver estos nuevos informes pero, por ahora, no ha habido ninguno que haya aportado datos concluyentes sobre riesgos al medio ambiente o a la salud".
Los estudios, publicados en la revista Archives of Environmental Contamination and Toxicology, hablan de los daños producidos a la pulga de agua Daphnia Magna y a la mariquita Adalia Bipunctata. Ambos realizados en laboratorio, para la primera especie constata, en una alimentación realizada exclusivamente a base de maíz MON 810, un aumento del riesgo de mortalidad y de las capacidades de maduración sexual.
En el caso de la mariquita, el estudio se realizó en estados de inmadurez (larvas) y observa, en determinadas concentraciones, un aumento de la mortalidad. No obstante, ambos estudios se muestran muy cautos en sus conclusiones y sugieren la necesidad de nuevas investigaciones.
El MON 810 está modificado genéticamente mediante la introducción de una proteína que repele el taladro, un insecto de la plaga que más afecta al maíz y que se encuentra sobre todo en España y más concretamente en la zona del Delta del Ebro, donde hay más hectáreas de cultivo (un tercio de todo el que se produce en la UE); este OMG está patentado por la multinacional Monsanto.
Según Pere Puigdemont, investigador del Grupo de Ética de las Ciencias y las Nuevas Tecnologías de la UE, el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) junto con la Universidad de Lérida, han realizado investigaciones para vigilar el impacto del cultivo de MON 810 sobre otros insectos. "No se han podido demostrar efectos adversos, más bien al contrario, ya que no es necesario usar tantos insecticidas y eso favorece a la biodiversidad", afirma el investigador.
No son de la misma opinión las organizaciones ecologistas, que estiman que el cultivo de los transgénicos está suponiendo "un gran experimento con la Humanidad, ya que no conocemos la capacidad real de extensión y multiplicación de este gen", afirma Tom Kucharz, portavoz de Ecologistas en Acción.
Dejando a un lado el riesgo de daños medioambientales o sanitarios, resulta interesante el estudio Failure to yield, de Doug Gurian-Sherman, de la Union of Concerned Scientist, una reconocida organización americana de científicos preocupados por temas ambientales. En él, Gurian-Sherman trata de desmitificar las pretensiones de aumento de productividad que desde el principio han girado en torno a los transgénicos.
El informe asegura que, tras 20 años de investigaciones y 13 de comercialización en EE UU, los OMG que toleran herbicidas no han conseguido un incremento de la productividad y que éste ha sido marginal en los resistentes a insectos (como el MON 810).
Pese a las promesas de las industrias, el autor de Failure to yield asegura que el incremento en el rendimiento se ha debido a los avances en las técnicas agrícolas más que a las propiedades de los transgénicos.
El informe dice que el maíz BT (como se conoce la modificación genética del MON 810) ha conseguido incrementar la productividad alrededor del 3 o 4% en ese país tras 13 años de cultivos. El informe concluye que la productividad también puede incrementarse a través de técnicas de carácter ecológico y pide a las autoridades que fomenten este tipo de cultivos, sobre todo en países en desarrollo.
La empresa que posee la patente del MON 810, la multinacional Monsanto, recibió la autorización para comercializarlo en Europa en 1998 y ahora está en trámites para obtener una prórroga por otra década. "Es un proceso complejo", asegura Jaime Costa, director de Asuntos Regulatorios de la empresa, "entregamos los informes a finales de 2007 y estamos pendientes de su respuesta".
La multinacional se defiende de sus muchos detractores asegurando que la regulación europea es muy estricta y que se cumple con todos los estudios y seguimientos exigidos. Costa apela a la seguridad del producto con un dato. "Entre los años 2003 y 2007 hubo 62 alertas y notificaciones de seguridad alimentaria por presencia de micotoxinas en el maíz: 43 fueron de cultivo convencional, 19 ecológico y ninguna se produjo en maíz transgénico".
En Monsanto, la decisión de Alemania ha causado "sorpresa", y no descartan tomar "medidas jurídicas" contra la prohibición. Costa esgrime: "Estamos preocupados porque se están haciendo las cosas al margen de la estricta regulación existente". El directivo de la empresa defiende que "no puede ser en Europa, donde se cultiva el 0,3% del maíz a escala mundial, donde primero se noten efectos adversos y no en Estados Unidos u otros países donde se cultiva de forma masiva".
Pere Puigdemont estima que la decisión alemana, un país que apenas cultiva el producto (alrededor de 3.600 hectáreas), "está motivada por presiones políticas, porque no hay base científica que justifique la prohibición".
Es cierto que, aunque la EFSA (y en algunos casos las de los propios países, como la agencia francesa el pasado mes de febrero) ha concluido que no existían daños, la agencia es tan sólo un órgano consultivo y tendrían que ser los países miembros, a través de un acuerdo, los que obligasen a levantar la cláusula, algo que hasta ahora han impedido las posiciones enfrentadas.
El secretario de Estado de Medio Rural y Marino, Josep Puxeu, fue duro esta semana en relación al veto de los países de la UE: "A Francia, como exportador, le encantaría que Europa tuviera que aprovisionarse exclusivamente en su mercado". Sobre Alemania, Puxeu afirmó que "no tienen la plaga" y "están suficientemente dotados con su producción".
El sector agrícola también está, por su parte, dividido. Carlos Ferrer, presidente de la Asociación de jóvenes agricultores (ASAJA) de Huesca y vicepresidente de la Asociación de Productores de maíz, es partidario de los OMG: "Si tenemos que competir con los productos de fuera queremos jugar con las mismas oportunidades". Ferrer dice que su asociación no entra en temas científicos, "porque las investigaciones las tiene que hacer quien corresponda". No obstante, añade: "No podemos quedarnos en el vagón de cola de la biotecnología y dejar de ser competitivos".
No son de la misma opinión los colectivos de agricultura ecológica. Víctor Gonzálvez, presidente de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica, aplaude la decisión de Alemania, de la que espera que "haga al Gobierno entender que no es una cuestión de progresismo, es una cuestión de dudas y hay que aplicar el principio de precaución". Gonzálvez dice que su asociación no cuenta con datos sobre cultivos pero que en los últimos años se han dividido "por tres o cuatro".
La principal queja de los productores ecológicos viene por la cuestión de la llamada "coexistencia" entre los cultivos de OMG y ecológicos. El problema está en la posible dispersión del polen del maíz transgénico a cultivos ecológicos, polinizando estos últimos y por lo tanto, imposibilitando su catalogación como tales.
Puigdemont asegura que se ha demostrado que 25 metros de separación son suficientes para que no exista riesgo de mezcla, pero los ecologistas denuncian que no hay garantías. En este sentido, muchos países tienen ya regulada la distancia que debe existir entre las diferentes plantaciones, algo que España aún no ha hecho, pese a haberlo anunciado repetidas veces desde 2005. El secretario de Estado de Medio Rural, Josep Puxeu, declaró esta semana que el Gobierno español "pide a la Unión Europea que adopte una posición para el cultivo, porque si hay algún problema de coexistencia defina cuales son las reglas del juego". Este periódico trató, repetidas veces y en balde, de preguntar por la regulación en España.
La confusión sobre los transgénicos viene, en parte, de la contradicción existente entre las restricciones al cultivo y el silencio sobre la importación y el consumo, lo que es otra gran preocupación para los agricultores.
El presidente de ASAJA critica: "Quieren ponernos trabas al cultivo cuando Europa importa al año 50 millones de toneladas de soja transgénica, que si no la tuviéramos no habría ganado". Puxeu también se pronunció en este sentido: "No quiero entrar en el terreno científico, pero tantos y tantos productos como el pan, las levaduras, los vinos, los quesos, la insulina de los diabéticos están elaborados con productos transgénicos, que parece que estuviéramos demonizando los avances de la biotecnología".
La incertidumbre que generan estos productos provoca, por ejemplo, que casi la totalidad de la producción del MON 810 se dirija a la elaboración de piensos y que la mayoría de las empresas se abstengan de utilizarlo para consumo humano, pese a estar autorizado. La normativa de la UE obliga a la etiquetación de los productos elaborados con transgénicos como tales; algo que resulta insuficiente para las organizaciones ecologistas: "Pedimos que se controlen también los animales alimentados con transgénicos", dice Kucharz.
La lucha contra los transgénicos, liderada desde siempre por las organizaciones ecologistas aunque apoyada por otros grupos, ha tomado esta semana más fuerza, motivada por la decisión de Alemania. Embajadas y consulados de España en varios países de Europa fueron el jueves escenario de protestas y hoy está prevista una manifestación en Zaragoza, a la que ya se han sumado muchos colectivos, como las asociaciones de consumidores.
La Unión de Consumidores (UCE) lamentó recientemente que, mientras que la mayor parte de los países del entorno comunitario tienden a prohibir la producción de OMG, "en España se siguen cultivando a gran escala". La Confederación de consumidores y usuarios se expresó en la misma línea y reclamó "más investigaciones, transparentes y públicas"./El País/
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