EL CONFLICTO DE LAS MALVINAS: HIDROCARBUROS Y GEOPOLÍTICA
Buenos Aires, (PL) La instalación de una plataforma británica de exploración de hidrocarburos en las Islas Malvinas, cuya soberanía reclama desde hace 177 años Argentina, sirve hoy como botón de muestra de las querellas que marcarán el siglo XXI.
Una acción de este tipo plantea algo más que una cuestión de soberanía en una centuria en la cual "la disputa de los recursos naturales va a ser el gran escenario internacional", advirtió esta semana la presidenta Cristina Fernández.
Fernández formuló la apreciación ante la Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe, que durante dos días sesionó en el balneario mexicano de Cancún y apoyó de manera resuelta los legítimos derechos de esa nación suramericana en el conflicto con el Reino Unido.
Sendos documentos aprobados por representantes de los 32 países asistentes a la cita recordaron que existe un interés regional en que las partes reanuden las negociaciones "a fin de encontrar a la mayor brevedad posible una solución justa, pacífica y definitiva en la disputa de soberanía".
Además, deploraron por incompatibles con los legítimos derechos de Argentina la pretensión de la Unión Europea de incluir a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur en el régimen de "Asociación de los Países y Territoros de Ultramar".
Del mismo modo, emitieron un comunicado especial sobre la exploración de hidrocarburos en la plataforma continental que subraya la necesidad de respetar lo establecido por la Resolución 31-49 de la Asamblea General de Naciones Unidas.
Este documento insta a las dos partes a abstenerse de adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación, mientras las islas estén atravesando por el proceso recomendado por la Asamblea General.
Mas, en ese sentido la dignataria argentina insistió en que, en el caso de las Malvinas, Gran Bretaña se niega "de modo sistemático, persistente e injustificado a discutir".
En ello, subrayó, puede verse también un claro ejemplo de lo que hoy sucede en materia de derecho internacional.
Quienes tienen un sillón permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pueden violar una y mil veces, sistemáticamente, las disposiciones de la ONU, deploró antes de acotar:
"El resto de los países se ve obligado a cumplirlas, bajo pena de ser declarado un país enemigo o tal vez con calificaciones más duras; bajo pena de ser invadido militarmente o intervenidos políticamente sus gobiernos".
Fernández rememoró que fue el 15 de enero de 1833 cuando por primera vez esta nación suramericana reclamó sus derechos sobre las Malvinas, ocupadas solo días antes por fuerzas británicas que desalojaron a sus habitantes y a las autoridades argentinas legítimamente establecidas en esas tierras.
Más, no fue hasta 1965 cuando Naciones Unidas emitió la primera resolución estableciendo la obligación de ambos países de sentarse a discutir la soberanía de ese territorio, teniendo en cuenta también los intereses de los habitantes de las islas.
A partir de ahí fueron aprobadas nueve resoluciones en igual sentido y prohibiendo, además, tomar decisiones de carácter unilateral, sin que hasta la fecha Londres accediera a negociar una solución pacífica y definitiva a la prolongada controversia.
Desde entonces y hasta la fecha se produjo un conflicto bélico, en 1982, que se extendió durante 74 días y costó la vida a 649 soldados argentinos y a 255 británicos, y hubo también en la década de los 90 un cambio de estrategia.
Con la experiencia de la guerra desatada por la dictadura militar se creyó que el problema de la vinculación con Gran Bretaña se reducía a una cuestión de formas, y que ello había provocado el endurecimiento y la pérdida de poder para sentarse a una mesa de negociaciones.
Se ensayó, a partir de los años 90 una política diametralmente opuesta, llamada de seducción, de acuerdos, de ver cómo se podía explotar en forma conjunta y cooperativa los recursos, pero eso tampoco sirvió.
Y si bien es cierto que el 27 de septiembre de l995 se llegó a un acuerdo bilateral en materia de manejo de hidrocarburos, con la Declaración de Cooperación Conjunta para Actividades Off Shore, a los cinco o seis días ese tratado fue violado por Londres.
La nueva escalada en el conflicto argentino-británico por las islas del Atlántico Sur se recrudeció a comienzos de este mes, cuando el Gobierno argentino presentó una nota de protesta al Reino Unido rechazando su pretensión de autorizar la exploración petrolera en ese territorio.
La operación, dijeron aquí medios de prensa, tiene la intención de descubrir si en el lecho submarino se esconden unos 60 mil millones de barriles de crudo, tal como lo promocionan las autoridades isleñas.
Ese nivel de recursos, advirtieron los diarios, sobrepasaría las reservas probadas argentinas y británicas.
En respuesta a la decisión unilateral del Reino Unido, la Casa Rosada promulgó un decreto regulando la navegación desde el continente hacia las Malvinas, enfilado a garantizar la defensa de su soberanía y de sus recursos naturales.
Londres respondió enviando una nueva fuerza naval hacia las Islas Malvinas, donde ya tiene desplegados una fragata, un destructor, una patrullera, dos buques y más de un millar de efectivos militares.
Al respecto, la propia Fernández criticó que desde el Foreing Office se agitó el fantasma de una eventual amenaza bélica por parte de la República Argentina, lo cual calificó de "un ejercicio de cinismo".
Pocos países, luego del advenimiento de la democracia, han dado más testimonio que la Argentina en cuanto a ser un país de vocación profundamente pacífica, expresó durante su estancia en Cancún y remató:
"Argentina no va a adoptar ninguna medida que no esté amparada en el derecho internacional. Lo único que no se puede hacer con un caníbal es comérselo".
Ya en septiembre pasado, Argentina había rechazado un nuevo despliegue de fuerzas británicas en las Malvinas, cuando fueron enviados hacia allí cuatro superjets Typhoons de la Royal Air Force.
Portavoces de la cancillería consultados entonces señalaron que la nueva maniobra "enfatiza la continuada presencia militar británica en espacios terrestres y marítimos argentinos".
Por otra parte, a fines de noviembre el gobierno argentino había reiterado su enérgico rechazo a la pretensión de considerar a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y al Sector Antártico Argentino como territorios asociados a la Unión Europea.
"Dichos territorios y los espacios marítimos circundantes son parte integrante del territorio de la República Argentina y están ilegítimamente ocupadas por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte", recordó una nota oficial.
Ante tantos reclamos desoídos, el diputado nacional Fernando Pino Solanas abogó porque Argentina despliegue lo que definió como una diplomacia activa en este conflicto.
"Si Gran Bretaña continúa con su burla, no hay apertura de negociaciones sobre la soberanía de la plataforma continental y sigue adelante la política de extracción petrolera, Argentina debe aplicar represalias económicas y comerciales", opinó.
(*) El autor es corresponsal jefe de Prensa Latina en Argentina.
Una acción de este tipo plantea algo más que una cuestión de soberanía en una centuria en la cual "la disputa de los recursos naturales va a ser el gran escenario internacional", advirtió esta semana la presidenta Cristina Fernández.
Fernández formuló la apreciación ante la Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe, que durante dos días sesionó en el balneario mexicano de Cancún y apoyó de manera resuelta los legítimos derechos de esa nación suramericana en el conflicto con el Reino Unido.
Sendos documentos aprobados por representantes de los 32 países asistentes a la cita recordaron que existe un interés regional en que las partes reanuden las negociaciones "a fin de encontrar a la mayor brevedad posible una solución justa, pacífica y definitiva en la disputa de soberanía".
Además, deploraron por incompatibles con los legítimos derechos de Argentina la pretensión de la Unión Europea de incluir a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur en el régimen de "Asociación de los Países y Territoros de Ultramar".
Del mismo modo, emitieron un comunicado especial sobre la exploración de hidrocarburos en la plataforma continental que subraya la necesidad de respetar lo establecido por la Resolución 31-49 de la Asamblea General de Naciones Unidas.
Este documento insta a las dos partes a abstenerse de adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación, mientras las islas estén atravesando por el proceso recomendado por la Asamblea General.
Mas, en ese sentido la dignataria argentina insistió en que, en el caso de las Malvinas, Gran Bretaña se niega "de modo sistemático, persistente e injustificado a discutir".
En ello, subrayó, puede verse también un claro ejemplo de lo que hoy sucede en materia de derecho internacional.
Quienes tienen un sillón permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pueden violar una y mil veces, sistemáticamente, las disposiciones de la ONU, deploró antes de acotar:
"El resto de los países se ve obligado a cumplirlas, bajo pena de ser declarado un país enemigo o tal vez con calificaciones más duras; bajo pena de ser invadido militarmente o intervenidos políticamente sus gobiernos".
Fernández rememoró que fue el 15 de enero de 1833 cuando por primera vez esta nación suramericana reclamó sus derechos sobre las Malvinas, ocupadas solo días antes por fuerzas británicas que desalojaron a sus habitantes y a las autoridades argentinas legítimamente establecidas en esas tierras.
Más, no fue hasta 1965 cuando Naciones Unidas emitió la primera resolución estableciendo la obligación de ambos países de sentarse a discutir la soberanía de ese territorio, teniendo en cuenta también los intereses de los habitantes de las islas.
A partir de ahí fueron aprobadas nueve resoluciones en igual sentido y prohibiendo, además, tomar decisiones de carácter unilateral, sin que hasta la fecha Londres accediera a negociar una solución pacífica y definitiva a la prolongada controversia.
Desde entonces y hasta la fecha se produjo un conflicto bélico, en 1982, que se extendió durante 74 días y costó la vida a 649 soldados argentinos y a 255 británicos, y hubo también en la década de los 90 un cambio de estrategia.
Con la experiencia de la guerra desatada por la dictadura militar se creyó que el problema de la vinculación con Gran Bretaña se reducía a una cuestión de formas, y que ello había provocado el endurecimiento y la pérdida de poder para sentarse a una mesa de negociaciones.
Se ensayó, a partir de los años 90 una política diametralmente opuesta, llamada de seducción, de acuerdos, de ver cómo se podía explotar en forma conjunta y cooperativa los recursos, pero eso tampoco sirvió.
Y si bien es cierto que el 27 de septiembre de l995 se llegó a un acuerdo bilateral en materia de manejo de hidrocarburos, con la Declaración de Cooperación Conjunta para Actividades Off Shore, a los cinco o seis días ese tratado fue violado por Londres.
La nueva escalada en el conflicto argentino-británico por las islas del Atlántico Sur se recrudeció a comienzos de este mes, cuando el Gobierno argentino presentó una nota de protesta al Reino Unido rechazando su pretensión de autorizar la exploración petrolera en ese territorio.
La operación, dijeron aquí medios de prensa, tiene la intención de descubrir si en el lecho submarino se esconden unos 60 mil millones de barriles de crudo, tal como lo promocionan las autoridades isleñas.
Ese nivel de recursos, advirtieron los diarios, sobrepasaría las reservas probadas argentinas y británicas.
En respuesta a la decisión unilateral del Reino Unido, la Casa Rosada promulgó un decreto regulando la navegación desde el continente hacia las Malvinas, enfilado a garantizar la defensa de su soberanía y de sus recursos naturales.
Londres respondió enviando una nueva fuerza naval hacia las Islas Malvinas, donde ya tiene desplegados una fragata, un destructor, una patrullera, dos buques y más de un millar de efectivos militares.
Al respecto, la propia Fernández criticó que desde el Foreing Office se agitó el fantasma de una eventual amenaza bélica por parte de la República Argentina, lo cual calificó de "un ejercicio de cinismo".
Pocos países, luego del advenimiento de la democracia, han dado más testimonio que la Argentina en cuanto a ser un país de vocación profundamente pacífica, expresó durante su estancia en Cancún y remató:
"Argentina no va a adoptar ninguna medida que no esté amparada en el derecho internacional. Lo único que no se puede hacer con un caníbal es comérselo".
Ya en septiembre pasado, Argentina había rechazado un nuevo despliegue de fuerzas británicas en las Malvinas, cuando fueron enviados hacia allí cuatro superjets Typhoons de la Royal Air Force.
Portavoces de la cancillería consultados entonces señalaron que la nueva maniobra "enfatiza la continuada presencia militar británica en espacios terrestres y marítimos argentinos".
Por otra parte, a fines de noviembre el gobierno argentino había reiterado su enérgico rechazo a la pretensión de considerar a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y al Sector Antártico Argentino como territorios asociados a la Unión Europea.
"Dichos territorios y los espacios marítimos circundantes son parte integrante del territorio de la República Argentina y están ilegítimamente ocupadas por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte", recordó una nota oficial.
Ante tantos reclamos desoídos, el diputado nacional Fernando Pino Solanas abogó porque Argentina despliegue lo que definió como una diplomacia activa en este conflicto.
"Si Gran Bretaña continúa con su burla, no hay apertura de negociaciones sobre la soberanía de la plataforma continental y sigue adelante la política de extracción petrolera, Argentina debe aplicar represalias económicas y comerciales", opinó.
(*) El autor es corresponsal jefe de Prensa Latina en Argentina.
Estadísticamente, la interacción entre las placas tectónicas de Nazca y de Sudamérica produce un seísmo destructor cada 10 años, un promedio de diez pequeños temblores diarios y unos 3.500 movimientos sísmicos anuales, según el Instituto de Geofísica de la Universidad de Chile.
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